¿Cuánto cuesta el nuevo parterre que decora tu calle?, ¿Por qué han subvencionado la empresa del primo de tal y no la tuya?, ¿Por qué el hijo de la Señora X y la sobrina de Don Y han ocupado un puesto de libre designación? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Pues si te lo preguntas, no lo preguntes  en la administración ya que no obtendrás respuesta. Hasta ahora la información sobre el gasto público ha estado encriptada en cifras imposibles y la información directa se convertía en un sueño que desaparecía frente al: “No estoy autorizado para dar esa información” del funcionario de turno.

Ante esta realidad el gobierno de J. Luis Rodríguez Zapatero tardó  sus dos legislatura en redactar  un proyecto de Ley de Transparencia que nunca vio la luz. Esto supone la ruptura de una de las promesas que el PSOE español hizo en campaña con mayor ahínco, ya que ni en los tiempos de bonanza ni en los de crisis la Transparencia fue una prioridad. En una época debido a que tenía que ser mejorada, en otra la causa el motivo fue que existían otros asuntos de mayor urgencia. Este es solo un ejemplo de cómo en la democracia española la transparencia ha sido una asignatura pendiente. Porque ¿cuánto costó la cancha de tenis de Suárez o el paseo de los bonsáis de González? ¿Y la cancha de baloncesto de Zapatero? ¿Y el cambio de color de las paredes de Moncloa ordenado por los Rajoy-Fernández?

Pues será posible preguntarlo e incluso obtener respuesta gracias a la nueva ley que el ejecutivo popular pondrá en marcha. Cuyo objeto es según ha declarado Soraya S. de Santamaría es mejorar la credibilidad de la administración pública,  credibilidad que se vio resentida nuevamente por el aluvión de nombramientos de familiares cercanos a altos cargos del Gobierno. Para esto se creará una ley que según lo expuesto por el Consejo de Ministro tiene tres pilares: publicidad activa, derecho al acceso a la información y buen gobierno.

Un avance en trasparencia pero sin perder manchas opacas

Con el nuevo principio de publicidad activa el gobierno se compromete a hacer públicos documentos catalogados de interés como contratas públicas, subvenciones, retribuciones a altos cargos, etc. Así cualquier ciudadano podrá saber que empresa ha obtenido cierto contrato y la cuantía de este. Ahora solo queda ver si se aplica realmente este principio que Kant defendía como pilar de la democracia y cuales son los documentos de interés y cuales aquellos que queden soterrados bajo secretos burocráticos. Lo que ya sabemos es que la publicidad tiene como límite la casa real , quedando el patrimonio y la información de la casa real como un Tabú en el portal de Transparencia que se pondrá en marcha este lunes.

Este proyecto de ley ratificaría y ampliaría el alcance del artículo 105b de la constitución española que recoge el derecho de acceso a la información pública de este modo:“El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos,  salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. De esta manera el ciudadano tendrá acceso a cualquier información que resulte del trabajo público, salvo en caso de que sea relevante o ponga en peligro la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Así no se repetirán episodios como el del caso Gurtel y los 1508 contratos relacionados con la trama que quedaron fuera del alcance del público.

El tercer objetivo de esta ley es: el buen gobierno. En teoría esta ley busca el fin de la sombra de la corruptela, de la opacidad que ha sido distintivo del gobierno español respecto a sus colegas de la UE, y que la política sea sinónimo de igualdad, diligencia, transparencia e igualdad. Sin embargo esto no elimina el deber de reserva, es decir el deber de no publicar cierta información pública.El incumplimiento de normas de buen gobierno como son la malversación de fondos de subvenciones o que no se cumplan los compromisos económicos impuestos desde el gobierno central podrían dar lugar a la inhabilitación para cargos públicos de 10 años, multas e incluso si estas no son abonadas, penas de cárcel.

¿Qué pasará cuando salte del papel a la realidad?

Con esta nueva ley se puede abrir una nueva forma de gobierno donde el ciudadano pueda tomar parte activa en el gobierno de su país y sus recursos, aunque no hemos de obviar que el ritmo de vida actual y las preocupaciones de la situación en la que vivimos no dan al ciudadano de a pie el mejor marco para ser crítico. También puede ser una nueva fuente para que el periodismo, el de verdad, pueda realizar una crítica fundamentada con documentos originales y recuperar esa función que hoy nos parece utópica de ser un contrapeso del poder, siempre y cuando tengan los medios y sepan adaptarse al nuevo paradigma digital. La otra opción es que esta ley sea una quimera más y que se den solo datos irrelevantes, y bajo el deber de reserva se vuelva a una opacidad legitimada o que la información pase inadvertida entre preocupaciones y se auto imponga la antigua opacidad. Pese a ello  este paso es un gran paso hacia el Open Government y una nueva arma contra la corrupción que tantas páginas ha llenado, contra la que tan pocas medidas se han tomado y la que tan cara está costando a muchos españoles.

¿Qué crees, qué quieres y qué esperas tú de la ley de Transparencia y Buen Gobierno?

Por J.David Pérez García (Proyecto de Periodista y Utopista)

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